Las nuevas autoridades metropolitanas lidiarán con un sistema que regresa al centralismo
Está previsto que para el 31 de diciembre de 2008, los 15 hospitales que hasta ahora dependen operativa y administrativamente de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana estén bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. De llegar a cumplirse los lapsos de la transferencia (que debió de haberse completado en noviembre de este año), el próximo alcalde metropolitano no tendrá entre sus competencias la administración, pago de nóminas y compra de equipos y materiales para los hospitales. Su campo de acción será mucho más reducido.
Según Carlos Ocanto, representante del cabildo para este proceso, quien quiera que sea que resulte ganador el próximo 23 de noviembre "tendrá responsabilidades, sobre todo, en el fomento, la promoción y los comités de salud parroquiales, a través de los consejos comunales". Mientras tanto, el ministerio manejará el presupuesto a partir de 2009.
"Hasta el último día de este año cohabitaremos la Secretaría de Salud y el máximo representante de ese sector, porque la mayoría de los recursos provienen del Situado Constitucional y ese es un flujo que no podemos interrumpir. Necesitamos garantizar el pago a los empleados y trabajadores; así como cumplir con los compromisos laborales que nos restan en este período", dijo.
Dilema magno.
No todos los funcionarios ven tan claro el proceso. María Yánes, médica del hospital de El Algodonal, considera que la transferencia está en franca contradicción con lo que establece la Constitución en los artículos 4 y 84.
El primero se refiere al carácter federal descentralizado de Venezuela, mientras que el segundo establece que el sistema de salud nacional debe ser "intersectorial, descentralizado y participativo".
"El nuevo alcalde se va a enfrentar a la recentralización del Distrito Metropolitano. Lo primero que debería hacer es rescatar los hospitales para sean de nuevo competencia de la alcaldía", subrayó la especialista, quien admitió que cualquiera sea la instancia designada, igual tendrá que afrontar la crisis que actualmente experimenta ese sector.
"Son muchos los puntos que hay que resolver: la funcionalidad de los centros de atención pública no ha mejorado, ha disminuido el número de camas y, además, hay déficit de recursos humanos (en especial, médicos de posgrado) Todo esto sumado a la creación de un sistema de salud paralelo más los reclamos laborales que hacen en este momento los trabajadores del sector", señaló Yánes.
Uno de los puntos que tendrá que abordarse, independientemente de la tendencia política que prevalezca, será la discusión de la convención colectiva. Los médicos que apoyan al Gobierno y los adversarios coinciden en la necesidad de discutir un nuevo contrato, que incluya el debate con todas las partes, que elimine la práctica que ha prevalecido hasta ahora, según la cual los aumentos se hacen de manera unilateral e inconsulta.
Además, sería imperante escoger a las nuevas autoridades del sector.
Medidas disciplinarias. En relación con la situación actual de los trabajadores de la salud, Ocanto indicó que se canceló buena parte de las deudas que tenían hasta octubre. Aseveró que el bono navideño había sido cancelado en la mayoría de los hospitales que dependen de la alcaldía; aunque en algunos casos no se ha hecho efectivo por problemas de la plataforma tecnológica del banco que lleva el presupuesto.
El funcionario rechazó la medida tomada por algunas instituciones de suspender las consultas externas y las intervenciones quirúrgicas electivas, sobre todo en el hospital de Lídice. "No podemos permitir que se someta a la espera indefinida a un grupo de venezolanos que necesita operación. Si la situación se prolonga, tomaremos medidas", indicó Ocanto, quien considera que este método de presión es ilegal.
"Ahora hay anarquía, cualquier persona dice cualquier cosa. Los reclamos tenían parte de razón hasta hace un mes, porque hubo retardo en algunos de los casos. Pero hoy, ya no se justifican" reiteró.
Al ser consultado sobre las medidas que podría tomar para disuadir a los médicos de su protesta, mencionó la posibilidad de trasladar a algunos pacientes a otros hospitales y revisar el funcionamiento del posgrado: "Si los estudiantes no operan, entonces les estaríamos dando un diploma a personas que no trabajaron".
Finalmente, no descartó la posibilidad de que los médicos reciban un documento en el que se les exija que se reintegren a sus labores.
"Hasta el último día de este año cohabitaremos la Secretaría de Salud y el máximo representante de ese sector, porque la mayoría de los recursos provienen del Situado Constitucional y ese es un flujo que no podemos interrumpir. Necesitamos garantizar el pago a los empleados y trabajadores; así como cumplir con los compromisos laborales que nos restan en este período", dijo.
Dilema magno.
No todos los funcionarios ven tan claro el proceso. María Yánes, médica del hospital de El Algodonal, considera que la transferencia está en franca contradicción con lo que establece la Constitución en los artículos 4 y 84.
El primero se refiere al carácter federal descentralizado de Venezuela, mientras que el segundo establece que el sistema de salud nacional debe ser "intersectorial, descentralizado y participativo".
"El nuevo alcalde se va a enfrentar a la recentralización del Distrito Metropolitano. Lo primero que debería hacer es rescatar los hospitales para sean de nuevo competencia de la alcaldía", subrayó la especialista, quien admitió que cualquiera sea la instancia designada, igual tendrá que afrontar la crisis que actualmente experimenta ese sector.
"Son muchos los puntos que hay que resolver: la funcionalidad de los centros de atención pública no ha mejorado, ha disminuido el número de camas y, además, hay déficit de recursos humanos (en especial, médicos de posgrado) Todo esto sumado a la creación de un sistema de salud paralelo más los reclamos laborales que hacen en este momento los trabajadores del sector", señaló Yánes.
Uno de los puntos que tendrá que abordarse, independientemente de la tendencia política que prevalezca, será la discusión de la convención colectiva. Los médicos que apoyan al Gobierno y los adversarios coinciden en la necesidad de discutir un nuevo contrato, que incluya el debate con todas las partes, que elimine la práctica que ha prevalecido hasta ahora, según la cual los aumentos se hacen de manera unilateral e inconsulta.
Además, sería imperante escoger a las nuevas autoridades del sector.
Medidas disciplinarias. En relación con la situación actual de los trabajadores de la salud, Ocanto indicó que se canceló buena parte de las deudas que tenían hasta octubre. Aseveró que el bono navideño había sido cancelado en la mayoría de los hospitales que dependen de la alcaldía; aunque en algunos casos no se ha hecho efectivo por problemas de la plataforma tecnológica del banco que lleva el presupuesto.
El funcionario rechazó la medida tomada por algunas instituciones de suspender las consultas externas y las intervenciones quirúrgicas electivas, sobre todo en el hospital de Lídice. "No podemos permitir que se someta a la espera indefinida a un grupo de venezolanos que necesita operación. Si la situación se prolonga, tomaremos medidas", indicó Ocanto, quien considera que este método de presión es ilegal.
"Ahora hay anarquía, cualquier persona dice cualquier cosa. Los reclamos tenían parte de razón hasta hace un mes, porque hubo retardo en algunos de los casos. Pero hoy, ya no se justifican" reiteró.
Al ser consultado sobre las medidas que podría tomar para disuadir a los médicos de su protesta, mencionó la posibilidad de trasladar a algunos pacientes a otros hospitales y revisar el funcionamiento del posgrado: "Si los estudiantes no operan, entonces les estaríamos dando un diploma a personas que no trabajaron".
Finalmente, no descartó la posibilidad de que los médicos reciban un documento en el que se les exija que se reintegren a sus labores.
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