La presidente CFK estaba en Cuba cuando Obama dijo que si sus enemigos abrían el puño estaba dispuesto a estrecharles la mano y que era falsa la opción “entre nuestra seguridad y nuestros ideales”. Y había llegado a Caracas cuando el nuevo mandatario estadounidense dejó sin efecto todas las decisiones que desde 2001 permitieron poner en suspenso la humanidad de cierta categoría de personas, confinarlas en prisiones secretas o especiales y someterlas a torturas, lejos del alcance de los tribunales nacionales y de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Lo hizo en presencia de 16 militares retirados que en los últimos años se pronunciaron en contra de la tortura y las detenciones sin plazo. Obama anuló además la vigilancia telefónica o electrónica secreta sobre los ciudadanos de su país.
Anacronismos
Más atenta a la ideología que a la realidad, la derecha argentina fustigó como un anacronismo a contramano de un mundo en cambio las visitas a Cuba y Venezuela. El inspirador ideológico de La Nación Claudio Escribano opinó que la presencia de CFK en La Habana alejaba a la Argentina “de la civilización política y del mundo”, de los que él se considera representante natural. Ni siquiera se privó de hacer votos por “la derrota del Gobierno en las próximas justas electorales” y la “reversión de políticas y de estilos”. Tal encono militante no le impidió proyectar sobre el Gobierno su propia “desmesura, ausencia de calma interior y tendencia a desunir”.
En 1978 Escribano fue uno de los editores que dijeron a una misión de la SIP que la seguridad nacional tenía primacía sobre la libertad de expresión y el 9 de julio de 1981 contestó las denuncias internacionales sobre los campos de concentración con un editorial antisemita, donde mencionó a los judíos como una raza. Es una paradoja que desde las páginas de ese diario Marcos Aguinis demonice como antisemita cualquier crítica política o humanitaria a los bombardeos israelíes sobre población civil palestina. Después de reivindicar tanto el terrorismo de Estado en la Argentina como la denominada “guerra contra el terrorismo” de Bush y la línea económica neoliberal, Escribano opone al nuevo presidente con el Gobierno argentino que cuestionó todas y cada una de aquellas políticas y que estuvo entre los primeros en saludar la victoria de Obama, lo que fue retribuido con un llamado telefónico. Dos días antes de asumir la presidencia, Obama mencionó a la Argentina junto con Brasil, México y Chile como los países de Latinoamérica que “tienen contribuciones importantes que aportar”.
Palabras
Escribano también suspiró por las formales palabras de despedida de Obama a Bush en contraste con las hostiles de Kirchner en 2003 hacia la política de Menem. Pura expresión de deseos: el ministro de Justicia de Obama, Eric Holder, dijo sin vacilar durante su audiencia de confirmación ante el Senado que la técnica del submarino seco admitida por Bush constituía tortura y violaba la Constitución y los tratados internacionales. También rechazó el argumento del gobierno anterior de que en una emergencia nacional no había límites constitucionales a las facultades del presidente. “No. Nadie está por encima del derecho”, respondió Holder en forma seca. Las inequívocas afirmaciones de Holder abrieron la posibilidad de realizar juicios por esas torturas y lo único que se discute en los círculos próximos a Obama es su conveniencia. El embajador argentino Héctor Timerman recibió una invitación a comer en la casa de Stuart E. Eizenstat, alto funcionario de los gobiernos de Carter y Clinton y socio de Holder en el estudio jurídico Covington & Burling. Durante una conversación informal, en la que había otras cuatro personas, Eizenstat le pidió detalles sobre los juicios en este anacrónico y aislado país del sur. Durante la campaña electoral Obama dijo que deseaba mejorar las relaciones de su país con la región para lo cual hablaría “con quien sea”, es decir con los hermanos Castro y con Chávez. La primera respuesta desde el Caribe llegó a través de la presidente argentina, portadora del mensaje de expectativa favorable sobre Obama del anciano líder Fidel Castro. Con ayuda de la lipotimia, CFK estuvo en el lugar justo en el momento oportuno.
La cuestión del terrorismo
En su declaración sobre Latinoamérica días antes de asumir, Obama también cuestionó al teniente coronel Hugo Chávez. Dijo que impedía el progreso de la región, exportaba actividades terroristas y respaldaba a las FARC. Ese estereotipo trivial no coincide con la evaluación positiva que hacen del gobierno bolivariano la mayoría de los países de la región e ignora el llamamiento al desarme de la más antigua guerrilla del continente que Chávez hizo público el año pasado. En respuesta a la crítica abstracta de Obama, Caracas reclamó la concreta extradición de Luis Posada Carriles, un exiliado cubano con nacionalidad venezolana que de-sempeñó altos cargos en la Inteligencia de Caracas y que huyó luego de nueve años de prisión por la voladura de un avión cubano que transportaba a una delegación de atletas, en lo que The New York Times llamó “el primer acto de terrorismo en pleno vuelo en el Hemisferio Occidental”.
Sumar o restar
En la agenda del diálogo entre los presidentes de la Argentina y Venezuela no figuraron esta vez los derechos humanos. Los países del Mercosur y luego también los de la Unasur han establecido algunos mecanismos propios en la materia, como la Reunión de Altas Autoridades en el área de Derechos Humanos. En marzo de 2006, cuando los Altos Representantes sesionaron en Buenos Aires, el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur integrado por nueve organizaciones de la sociedad civil de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sostuvo que las normas del Mercado Común no debían estar disociadas de los estándares internacionales exigidos por los instrumentos de derechos humanos suscriptos por los Estados de la región ni debilitar el Sistema Interamericano de protección. Por el contrario, exhortó a que todos los Estados “cumplan las decisiones que emanan de sus órganos de vigilancia”. En setiembre de 2008 durante la reunión presidencial de la Unasur promovida de urgencia por la Argentina ante la ofensiva desestabilizadora contra el gobierno boliviano de Evo Morales, los presidentes advirtieron desde Santiago que no reconocerían un golpe, ni la ruptura del orden institucional, ni el desmembramiento territorial. También condenaron la masacre de Pando y dispusieron que la investigara una Comisión de Unasur. Esa fulminante respuesta contribuyó a aislar a los cívicos de la Media Luna boliviana y a sostener al amenazado gobierno de Morales. La misión, encabezada por el experto argentino Rodolfo Matarollo, hizo un buen trabajo pero sentó un precedente peligroso, según cómo, cuándo, quién y para qué lo use. El mapa de gobiernos populistas y autónomos de la región tiene apenas un lustro y puede variar según los humores sociales, mientras el soslayado Sistema Interamericano mantiene desde hace tres décadas un historial consistente de protección de los derechos de los pueblos frente a los atropellos de los gobiernos. Este año se cumplen precisamente los 30 de la histórica visita de la Comisión a la Argentina, que estableció la magnitud y la gravedad del problema de los detenidos-desaparecidos y fue el principio del fin de la dictadura. Su utilidad no ha menguado en democracia. En la Argentina sirvió para derogar el desacato. Chile acaba de crear un mecanismo de acceso a la información pública como consecuencia de un caso ante el Sistema y designó como director del órgano de aplicación al abogado que hizo la denuncia.
La espina del golpe
Chávez tiende a descalificar al Sistema en bloque, como si fuera un apéndice de la voluntad del gobierno estadounidense. Se basa en lo sucedido durante el golpe de Estado en abril de 2002, que frustró la reacción popular y la de algunas unidades militares. Según Chávez, la Comisión Interamericana reconoció al gobierno usurpador sostenido por Bush. La CIDH sostiene que el reconocimiento es una función de los órganos políticos y que lo único que hizo fue requerir informes por la situación de Chávez, ante una denuncia presentada por la ONG colombiana MINGA, que defiende los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Para ello se dirigió al canciller de los golpistas, del mismo modo que lo había hecho en las décadas anteriores con las dictaduras de Pinochet y Videla en defensa de los perseguidos. Es cierto que el comunicado 14/02 de la Comisión Interamericana se refirió en forma ambigua a “la destitución o renuncia de Chávez”, pero también que mencionó en forma inequívoca a “las autoridades que detentan el poder”, es decir ilegítimas. Además deploró los actos de los golpistas, que “podrían configurar los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática”. No tanto como hubiera sido necesario ante un hecho gravísimo, pero tampoco menos que los gobiernos y los órganos políticos de la OEA, donde estuvo el principal déficit.
Los supremos
Un nuevo conflicto entre el Sistema Interamericano y la institucionalidad bolivariana se de- sarrolla desde diciembre, cuando la sala constitucional del Supremo Tribunal de Justicia decidió no ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de tres jueces venezolanos destituidos sin las garantías del debido proceso. El tribunal interamericano había ordenado reponerlos en sus cargos o indemnizarlos, pero la justicia venezolana se arrogó el derecho de revisión de constitucionalidad del fallo y además pidió al Poder Ejecutivo que denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, “ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana”. No es así. La Constitución bolivariana de 1999 y la Argentina de 1994 establecieron la jerarquía constitucional de la Convención Americana y otros tratados y convenciones sobre derechos humanos. Según el texto venezolano esos tratados “prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables” que las internas y “son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. El argentino especificó que se aplicarán “en las condiciones de su vigencia”. A partir del fallo Giroldi, de 1995, la Corte Suprema de Justicia argentina interpretó que las condiciones de su vigencia eran según “la aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”. En 1998, en el caso Acosta, el mismo tribunal agregó que las decisiones de la Comisión Interamericana deben ser tomadas como orientación pero que las de la Corte Interamericana “son obligatorias”. Según los artículos 67 y 68 de la Convención los Estados parte se comprometen a cumplir los fallos de la Corte Interamericana, definitivos e inapelables. Ese fue uno de los argumentos centrales con que la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida en el caso Simón de 2005. En cambio en Venezuela, el Tribunal Supremo sostiene que a él le corresponde la última palabra y rechaza “las teorías que pretenden limitar, so pretexto de valideces universales, la soberanía y la autodeterminación nacional”. El Tribunal Supremo invocó nada menos que el desconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana por el gobierno peruano de Alberto Fujimori en el caso de los jueces sin rostro. Pero su posición es aún más radical que la de Fujmori, quien no denunció la Convención. Depuesto Fujimori, Valentín Paniagua anuló aquella decisión, los juicios se repitieron con respeto por el debido proceso y los senderistas fueron condenados por segunda vez. “El Tribunal Supremo de Venezuela queda como uno de los más atrasados y conservadores del continente, pues mientras en Argentina, Chile o Colombia los fallos de la Corte Interamericana orientan a sus tribunales, aquí se los desconoce”, opinó la organización defensora de los derechos humanos Provea, que estudia presentar el caso ante el Mercosur. Hasta ahora, Chávez ha tenido el tino de no acceder al pedido del Tribunal Supremo y ya anunció que los representantes de su gobierno participarán esta semana en una audiencia ante la Corte Interamericana en el caso de otro juez separado de su cargo y en dos denuncias de periodistas de Radio Caracas Televisión (RCTV) y de Globovisión que fueron agredidos y no contaron con protección estatal. Al remitir el caso a la Corte, la Comisión Interamericana fue muy crítica con esos medios por su rol en el golpe de 2002. Cualquiera sea el resultado, el sólo nombre de RCTV acelera todos los corazones en la polarizada Venezuela. La CIDH tiene pendiente el tratamiento de la denuncia de la emisora por la no renovación de su licencia y nada sugiere que pueda considerar admisible el reclamo: los instrumentos legales que dieron por extinguida la licencia son impecables y plantean el ejercicio de un derecho indiscutible. Tampoco tendría viabilidad ante la Comisión el reclamo del ex juez supremo argentino Eduardo Moliné O’Connor, quien gozó de las garantías del debido proceso que no tuvieron sus colegas venezolanos.
El espejismo y la realidad
La idea de un Sistema Interamericano conducido por el gobierno estadounidense y encaminado a desgastar a los gobiernos populistas de la región no resiste el análisis. El país que más observaciones, medidas cautelares y condenas ha recibido no es Venezuela ni Cuba, sino Colombia, el principal protegido de Washington. Por eso, siempre figura en el capítulo IV del informe anual, donde se enumeran las violaciones más graves. Las organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos valoran el sistema, al que recurren en forma habitual y donde han encontrado permanente apoyo. Muchas de sus decisiones han permitido la reapertura en la justicia civil de causas contra militares y paramilitares absueltos por tribunales militares.
Nadie conoce mejor que Evo Morales la disposición de la CIDH a velar por los derechos de las minorías, en contra de los abusos de los poderes tradicionales respaldados por Estados Unidos. En los departamentos de la Media Luna que forman el Chaco boliviano (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija), subsisten formas de explotación laboral propias de la colonia. Los trabajadores acumulan deudas, por su alimentación y vestido, que el patrón cancela como única forma de pago. Familias enteras viven así en situación de esclavitud, aferradas a las fincas de las que no se les permite marcharse porque siempre están endeudados con el patrón. Cuando el gobierno de Evo Morales reformó la ley agraria, en 2006, muchas de estas comunidades de “familias indígenas guaraníes cautivas” denunciaron su situación y reclamaron la propiedad de las tierras. El Ministerio de Tierras dispuso la verificación de cada caso, pero en la Media Luna lo denunciaron como una invasión. Los funcionarios del gobierno fueron recibidos a tiros, lo cual causó la muerte de un periodista, y el ministro de Tierras permaneció secuestrado por una semana. A raíz del apoyo del presidente de la Conferencia Episcopal Católica, cardenal Julio Terrazas, a los terratenientes, Adolfo Pérez Esquivel le escribió: “Nos preocupa que niegues el estado de esclavitud a que son sometidas comunidades guaraníes. Sabes que hay evidencias y que el gobierno nacional ha denunciado. No puedes ignorar que funcionarios enviados por el gobierno son amenazados por bandas armadas y les impiden el ingreso a las haciendas”.
Misión a la Media Luna
Evo Morales dijo que se sentía engañado y traicionado por el cardenal y pidió a la Comisión Interamericana que enviara un grupo de verificadores. En junio de 2008 los comisionados Víctor Abramovich, argentino, y Luz Patricia Mejía, de Venezuela, alcanzaron la zona más caliente, el Alto Parapetí. Para llegar debieron eludir un bloqueo del camino de montaña previsto. Dados los altos niveles de violencia, no viajaron solos sino en una caravana de tres camionetas, que incluía periodistas y dirigentes indígenas. También tuvieron dificultades para que se abrieran las tranqueras cerradas con candado que cerraban el paso a través de varias fincas. Recién después de superar todos esos obstáculos pudieron reunirse con los indígenas. También mantuvieron encuentros con el gobierno nacional, con los prefectos y con los cívicos. La Comisión ratificó que las familias guaraníes vivían en condiciones de esclavitud y que eran agredidas cuando reclamaban. Ese documento deslegitimó la ofensiva de las cámaras patronales de la Media Luna en los días previos al plebiscito revocatorio en el que Evo Morales se impuso con dos tercios de los votos. Por eso, la tarea principal para un gobierno que como el argentino ha puesto en la agenda regional la defensa de los derechos humanos no es seguir los tironeos de Chávez con el Sistema Interamericano sino propiciar que Obama envíe al Congreso el Pacto de San José, que Carter firmó en 1979 pero que nunca fue ratificado. De este modo, las decisiones de la Corte Interamericana serían obligatorias también en el país más poderoso del mundo.
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