La presidente CFK estaba en Cuba cuando Obama dijo que si sus enemigos abrían el puño estaba dispuesto a estrecharles la mano y que era falsa la opción “entre nuestra seguridad y nuestros ideales”. Y había llegado a Caracas cuando el nuevo mandatario estadounidense dejó sin efecto todas las decisiones que desde 2001 permitieron poner en suspenso la humanidad de cierta categoría de personas, confinarlas en prisiones secretas o especiales y someterlas a torturas, lejos del alcance de los tribunales nacionales y de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Lo hizo en presencia de 16 militares retirados que en los últimos años se pronunciaron en contra de la tortura y las detenciones sin plazo. Obama anuló además la vigilancia telefónica o electrónica secreta sobre los ciudadanos de su país.
Anacronismos
Más atenta a la ideología que a la realidad, la derecha argentina fustigó como un anacronismo a contramano de un mundo en cambio las visitas a Cuba y Venezuela. El inspirador ideológico de La Nación Claudio Escribano opinó que la presencia de CFK en La Habana alejaba a la Argentina “de la civilización política y del mundo”, de los que él se considera representante natural. Ni siquiera se privó de hacer votos por “la derrota del Gobierno en las próximas justas electorales” y la “reversión de políticas y de estilos”. Tal encono militante no le impidió proyectar sobre el Gobierno su propia “desmesura, ausencia de calma interior y tendencia a desunir”.
Escribano también suspiró por las formales palabras de despedida de Obama a Bush en contraste con las hostiles de Kirchner en 2003 hacia la política de Menem. Pura expresión de deseos: el ministro de Justicia de Obama, Eric Holder, dijo sin vacilar durante su audiencia de confirmación ante el Senado que la técnica del submarino seco admitida por Bush constituía tortura y violaba la Constitución y los tratados internacionales. También rechazó el argumento del gobierno anterior de que en una emergencia nacional no había límites constitucionales a las facultades del presidente. “No. Nadie está por encima del derecho”, respondió Holder en forma seca. Las inequívocas afirmaciones de Holder abrieron la posibilidad de realizar juicios por esas torturas y lo único que se discute en los círculos próximos a Obama es su conveniencia. El embajador argentino Héctor Timerman recibió una invitación a comer en la casa de Stuart E. Eizenstat, alto funcionario de los gobiernos de Carter y Clinton y socio de Holder en el estudio jurídico Covington & Burling. Durante una conversación informal, en la que había otras cuatro personas, Eizenstat le pidió detalles sobre los juicios en este anacrónico y aislado país del sur. Durante la campaña electoral Obama dijo que deseaba mejorar las relaciones de su país con la región para lo cual hablaría “con quien sea”, es decir con los hermanos Castro y con Chávez. La primera respuesta desde el Caribe llegó a través de la presidente argentina, portadora del mensaje de expectativa favorable sobre Obama del anciano líder Fidel Castro. Con ayuda de la lipotimia, CFK estuvo en el lugar justo en el momento oportuno.
La cuestión del terrorismo
En su declaración sobre Latinoamérica días antes de asumir, Obama también cuestionó al teniente coronel Hugo Chávez. Dijo que impedía el progreso de la región, exportaba actividades terroristas y respaldaba a las FARC. Ese estereotipo trivial no coincide con la evaluación positiva que hacen del gobierno bolivariano la mayoría de los países de la región e ignora el llamamiento al desarme de la más antigua guerrilla del continente que Chávez hizo público el año pasado. En respuesta a la crítica abstracta de Obama, Caracas reclamó la concreta extradición de Luis Posada Carriles, un exiliado cubano con nacionalidad venezolana que de-sempeñó altos cargos en la Inteligencia de Caracas y que huyó luego de nueve años de prisión por la voladura de un avión cubano que transportaba a una delegación de atletas, en lo que The New York Times llamó “el primer acto de terrorismo en pleno vuelo en el Hemisferio Occidental”.
Sumar o restar
En la agenda del diálogo entre los presidentes de la Argentina y Venezuela no figuraron esta vez los derechos humanos. Los países del Mercosur y luego también los de la Unasur han establecido algunos mecanismos propios en la materia, como la Reunión de Altas Autoridades en el área de Derechos Humanos. En marzo de 2006, cuando los Altos Representantes sesionaron en Buenos Aires, el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur integrado por nueve organizaciones de la sociedad civil de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sostuvo que las normas del Mercado Común no debían estar disociadas de los estándares internacionales exigidos por los instrumentos de derechos humanos suscriptos por los Estados de la región ni debilitar el Sistema Interamericano de protección. Por el contrario, exhortó a que todos los Estados “cumplan las decisiones que emanan de sus órganos de vigilancia”. En setiembre de 2008 durante la reunión presidencial de la Unasur promovida de urgencia por la Argentina ante la ofensiva desestabilizadora contra el gobierno boliviano de Evo Morales, los presidentes advirtieron desde Santiago que no reconocerían un golpe, ni la ruptura del orden institucional, ni el desmembramiento territorial. También condenaron la masacre de Pando y dispusieron que la investigara una Comisión de Unasur. Esa fulminante respuesta contribuyó a aislar a los cívicos de la Media Luna boliviana y a sostener al amenazado gobierno de Morales. La misión, encabezada por el experto argentino Rodolfo Matarollo, hizo un buen trabajo pero sentó un precedente peligroso, según cómo, cuándo, quién y para qué lo use. El mapa de gobiernos populistas y autónomos de la región tiene apenas un lustro y puede variar según los humores sociales, mientras el soslayado Sistema Interamericano mantiene desde hace tres décadas un historial consistente de protección de los derechos de los pueblos frente a los atropellos de los gobiernos. Este año se cumplen precisamente los 30 de la histórica visita de la Comisión a la Argentina, que estableció la magnitud y la gravedad del problema de los detenidos-desaparecidos y fue el principio del fin de la dictadura. Su utilidad no ha menguado en democracia. En la Argentina sirvió para derogar el desacato. Chile acaba de crear un mecanismo de acceso a la información pública como consecuencia de un caso ante el Sistema y designó como director del órgano de aplicación al abogado que hizo la denuncia.
La espina del golpe
La idea de un Sistema Interamericano conducido por el gobierno estadounidense y encaminado a desgastar a los gobiernos populistas de la región no resiste el análisis. El país que más observaciones, medidas cautelares y condenas ha recibido no es Venezuela ni Cuba, sino Colombia, el principal protegido de Washington. Por eso, siempre figura en el capítulo IV del informe anual, donde se enumeran las violaciones más graves. Las organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos valoran el sistema, al que recurren en forma habitual y donde han encontrado permanente apoyo. Muchas de sus decisiones han permitido la reapertura en la justicia civil de causas contra militares y paramilitares absueltos por tribunales militares.
Evo Morales dijo que se sentía engañado y traicionado por el cardenal y pidió a la Comisión Interamericana que enviara un grupo de verificadores. En junio de 2008 los comisionados Víctor Abramovich, argentino, y Luz Patricia Mejía, de Venezuela, alcanzaron la zona más caliente, el Alto Parapetí. Para llegar debieron eludir un bloqueo del camino de montaña previsto. Dados los altos niveles de violencia, no viajaron solos sino en una caravana de tres camionetas, que incluía periodistas y dirigentes indígenas. También tuvieron dificultades para que se abrieran las tranqueras cerradas con candado que cerraban el paso a través de varias fincas. Recién después de superar todos esos obstáculos pudieron reunirse con los indígenas. También mantuvieron encuentros con el gobierno nacional, con los prefectos y con los cívicos. La Comisión ratificó que las familias guaraníes vivían en condiciones de esclavitud y que eran agredidas cuando reclamaban. Ese documento deslegitimó la ofensiva de las cámaras patronales de la Media Luna en los días previos al plebiscito revocatorio en el que Evo Morales se impuso con dos tercios de los votos. Por eso, la tarea principal para un gobierno que como el argentino ha puesto en la agenda regional la defensa de los derechos humanos no es seguir los tironeos de Chávez con el Sistema Interamericano sino propiciar que Obama envíe al Congreso el Pacto de San José, que Carter firmó en 1979 pero que nunca fue ratificado. De este modo, las decisiones de la Corte Interamericana serían obligatorias también en el país más poderoso del mundo.
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