Luego de cuatro años de cometido el atentado contra el fiscal Danilo Anderson, el gobierno bolivariano no ha logrado descubrir a los verdaderos asesinos del joven funcionario, a pesar de haber movilizado a sus policías de confianza (Disip, Cicpc, GN, DIM, G-2 cubano, etcétera), a la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría, a los anillos de seguridad de Miraflores.
En fin, todo ese aparato que el Presidente ha montado para vigilar a los venezolanos que, con buen juicio, rechazan sus irracionales propuestas y no aceptan sus ideas retrógradas. Pero, a medida que pasa el tiempo, los venezolanos se van enterando de que el atentado contra Anderson jamás podrá ser esclarecido por la policía bolivariana, ya que sus agentes fueron los primeros que se prestaron para "modificar y contaminar" la escena del crimen. Así lo han afirmado no sólo investigadores independientes, escritores y periodistas, sino también ex fiscales que participaron en la sustanciación del expediente sobre el caso.
Se le suma a toda esta trama vergonzosa, las declaraciones del testigo estrella del fiscal Isaías Rodríguez, el famoso Geovanny Vásquez, quien luego se arrepintió de sus testimonios denunciando que el Gobierno le había pagado una gruesa suma de dinero para que atestiguara falsedades en el juicio. Desde luego, a los venezolanos honestos les resultó cuesta arriba creer que, ante un crimen tan grave, desde Miraflores se montara una chapuza de tal naturaleza.
Son tantas y tan diversas las pruebas que señalan la presunta participación en el complot de la muerte de Anderson de un ex vicepresidente, un ex ministro del Interior y un ex fiscal general de la república, que si la señora Luisa Ortega, actual jefe del Ministerio Público, mete el bisturí en esa llaga saltará un tsunami de pus que nadie, ni siquiera 50 programas Aló Presidente seguidos, podrá ocultar ya no al país, sino al mundo entero. Las olas llegarán a Miraflores, donde, se acepte o no, se manipuló el caso para ocultar los hechos tanto a la opinión pública como a la prensa.
En un reportaje publicado por Edgar López en este diario, se dibuja acertadamente un itinerario de la desfachatez y el cinismo con que el alto Gobierno planificó todas las acciones para culpar a inocentes de un crimen que no cometieron: dos personas fueron asesinadas (Juan Carlos Sánchez y Antonio López), y la familia López Castillo fue vejada y maltratada en un allanamiento durante el cual los "agentes bolivarianos del orden" sustrajeron equipos de sonido, relojes, televisores, corbatas y dólares en efectivo, como vulgares ladrones de apartamento.
Y lo peor: se identificó irresponsablemente a los tres hermanos Guevara como los autores del atentado. Se les interrogó al estilo de Bush en Guantánamo, con picanas eléctricas, bolsas de plástico en la cabeza y el método del submarino, es decir, hundirlos en el agua de una poceta hasta que no puedan respirar más. Todo eso ocurrió en Venezuela y en este gobierno de revolución socialista.
Se le suma a toda esta trama vergonzosa, las declaraciones del testigo estrella del fiscal Isaías Rodríguez, el famoso Geovanny Vásquez, quien luego se arrepintió de sus testimonios denunciando que el Gobierno le había pagado una gruesa suma de dinero para que atestiguara falsedades en el juicio. Desde luego, a los venezolanos honestos les resultó cuesta arriba creer que, ante un crimen tan grave, desde Miraflores se montara una chapuza de tal naturaleza.
Son tantas y tan diversas las pruebas que señalan la presunta participación en el complot de la muerte de Anderson de un ex vicepresidente, un ex ministro del Interior y un ex fiscal general de la república, que si la señora Luisa Ortega, actual jefe del Ministerio Público, mete el bisturí en esa llaga saltará un tsunami de pus que nadie, ni siquiera 50 programas Aló Presidente seguidos, podrá ocultar ya no al país, sino al mundo entero. Las olas llegarán a Miraflores, donde, se acepte o no, se manipuló el caso para ocultar los hechos tanto a la opinión pública como a la prensa.
En un reportaje publicado por Edgar López en este diario, se dibuja acertadamente un itinerario de la desfachatez y el cinismo con que el alto Gobierno planificó todas las acciones para culpar a inocentes de un crimen que no cometieron: dos personas fueron asesinadas (Juan Carlos Sánchez y Antonio López), y la familia López Castillo fue vejada y maltratada en un allanamiento durante el cual los "agentes bolivarianos del orden" sustrajeron equipos de sonido, relojes, televisores, corbatas y dólares en efectivo, como vulgares ladrones de apartamento.
Y lo peor: se identificó irresponsablemente a los tres hermanos Guevara como los autores del atentado. Se les interrogó al estilo de Bush en Guantánamo, con picanas eléctricas, bolsas de plástico en la cabeza y el método del submarino, es decir, hundirlos en el agua de una poceta hasta que no puedan respirar más. Todo eso ocurrió en Venezuela y en este gobierno de revolución socialista.
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