Su captura tuvo lugar el mismo día que la policía panameña inició la búsqueda del empresario, a petición de la oficina de la Policía Internacional, Interpol, al tiempo que el Ministerio Público (MP) de ese país iniciaba las investigaciones y los trámites para su posible extradición.
Murcia Guzmán, principal directivo de la empresa DMG, intervenida el pasado lunes por captar ilegalmente millonarias sumas de dinero con la promesa de cuantiosas ganancias, es requerido en Colombia junto a otros seis ejecutivos de la firma. La procuradora general de Panamá, Ana Matilde Gómez, confirmó la búsqueda tras la formal denuncia de las autoridades colombianas y de conversar con el fiscal general, Mario Iguarán. “Uno de los delitos por el que se busca a Guzmán, la captación irregular masiva de dinero, también está tipificado como un delito grave en Panamá y tiene como pena de 8 a 15 años de prisión”, destacó la funcionaria.
Precisó que inmediatamente se logre toda la información necesaria, como prevé la Ley, “procederemos a realizar el proceso de extradición que nos está pidiendo Colombia, además de recabar toda la información que ha salido en los medios sobre el tema en Panamá”.
Añadió que también sostuvo conversaciones con los entes rectores financieros, la Superintendencia de Bancos y la Bolsa de Valores, para que envíen al MP toda la documentación sobre las empresas que tiene Guzmán en Panamá, con el objeto de verificar cuáles de estas no están operando de manera regular.
Previo a su captura, el abogado De la Espriella dijo que solicitaría ante las autoridades un lugar de reclusión seguro para poder proteger al señor Murcia Guzmán, con el que ha tenido conversaciones telefónicas durante toda la mañana de este miércoles, en las que el propietario de DMG le expresó su deseo de responder ante la justicia colombiana y ante los clientes de DMG.
En las próximas horas De la Espriella acompañará a la audiencia de control de garantías a las dos personas capturadas en el norte de Bogotá, Daniel Ángel y Margarita Leonor Pabón.
El Fiscal General, Mario Iguarán, dijo que busca con las autoridades panameñas el mecanismo jurídico más sano para traer a Colombia a David Murcia Guzmán para que responda por los delitos de captación masiva e ilegal de dinero. Añadió que hay suficientes pruebas que comprueban que la procedencia de dinero de DMG es ilegal.
Iguarán dijo que el cumplimiento de las órdenes de captura se sustenta en pruebas sólidas que señalan que los recursos de esta empresa captadora son ilegales y reveló que durante un allanamiento se reunió evidencia trascendental que demuestra la participación de la comercializadora DMG con lavado de activos.
“Las personas a las que se le ordenó captura no estaban en capacidad de patrocinar, desarrollar y fundar una empresa de esa naturaleza, con recursos tan altos y que han procurado aparentar con legalidad. Existen pruebas de que el origen de estos recursos es injustificado e ilegal”, puntualizó Iguarán.
Este miércoles, en horas de la mañana, un juez de control de garantías ordenó la captura de David Murcia Guzmán, representante legal de la comercializadora DMG y de otros siete directivos, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y captación masiva de dinero.
Las ordenes de detención de los directivos de DMG, dos de los cuales ya fueron aprehendidos, se conocieron luego de que el presidente, Álvaro Uribe, anunciara el martes en la noche que pedirá la extradición de los responsables de la firma.
Los funcionarios que ya fueron capturados son Margarita Pabón y Daniel Ángel, según las autoridades estas personas fueron puestas disposición de un juez de control de garantías.
Los otros funcionarios sobre los que recae la óden de captura son David Murcia Guzmán, Giovanna Ibeth León (esposa de Murcia), Amparo Guzmán de Murcia (madre de David Murcia), William Suárez, cuñado de David Murcia; Daniel Angel Rueda, productor de Televisión; Margarita Pabón y Antonio Bastidas.
Gobierno interviene a DMG
Las 60 sedes de DMG en veinte regiones fueron ocupadas por la Policía el lunes después de que el Ejecutivo decretara el estado constitucional de emergencia social para enfrentar la quiebra de las “pirámides” financieras.
Estas oficinas que recogían dinero de forma ilícita y ofrecían triplicarlo, quebraron y sus responsables huyeron tras estafar a los clientes, que desataron disturbios.
En los primeros decretos promulgados el lunes dentro de la emergencia social se incrementaron las penas por captación ilegal de dinero y se dispuso la devolución de los fondos recibidos del público, con la oferta de suspender la persecución penal.
DMG, una comercializadora de productos y servicios, lleva las iniciales de David Murcia Guzmán, un ex ayudante de cámara de 30 años y de origen humilde, que se encuentra en Panamá.
Procesos contra DMG
Hasta el momento existen cuatro procesos vigentes en la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y captación masiva e ilegal de dinero, con pesquisas no directamente contra DMG, sino contra personas asociadas a actividades de la controvertida empresa surgida en el departamento del Putumayo.
El primer proceso tiene que ver con la incautación de un camión con $7.370 millones en efectivo en el departamento del Putumayo. Según los investigadores del ente acusador, buena parte de los billetes estaban húmedos y con rastros de tierra, como si hubieran estado ocultos en algún refugio. Por eso pasaron a un trámite de extinción de dominio.
El hecho ocurrió en agosto de 2007, pero 15 meses después no hay conclusiones, aunque el expediente sigue abierto contra David Murcia Guzmán por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El segundo proceso tiene que ver con los presuntos nexos entre DMG y la empresa de servicios financieros Cambios y Capitales S.A., que en 2007 fue incluida por las autoridades estadounidenses en la llamada Lista Clinton, porque sus capitales compartieron negocios con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias ‘Chupeta’. Aunque el propio fundador de DMG ha negado sus contactos con Cambios y Capitales, existen pruebas que demuestran que la empresa señalada por la justicia norteamericana debatió internamente sus inversiones con DMG.
Un tercer proceso está originado en un reporte del Banco Agrario, según el cual detectó una posible captación masiva de dineros del público por el grupo DMG por cuantía cercana a los $3.000 millones. La denuncia fue formulada por la Superintendencia Financiera y lleva un año en recaudo de pruebas, sin mayores avances. A la investigación fueron adicionados varios reportes de investigaciones administrativas, es decir, de las superintendencias. No obstante, desde junio de 2008 el proceso no tiene avances.
La última acusación proviene del decomiso de $4.760 millones en efectivo, el pasado 20 de septiembre en el aeropuerto de Manizales, en el momento en que eran trasladados de una avioneta a un vehículo particular y que resultaron pertenecientes a DMG. La explicación de los voceros de la empresa es que como el sistema financiero les ha cerrado las puertas, están obligados a mover grandes sumas de dinero en efectivo. Tampoco el tema ha tenido mayores avances en la Fiscalía, pero los dineros siguen decomisados en espera de explicaciones convincentes.
En resumidas cuentas, a DMG lo tienen en la mira y el propio fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, lo dejó entrever en la primera semana de octubre cuando en desarrollo de un consejo comunitario citado por el presidente Uribe para resolver el paro judicial, no descartó que en los negocios de DMG se estuviera presentando un caso de estafa y captación ilegal de fondos, sumados a un supuesto lavado de activos. No obstante, como salvando responsabilidades, advirtió que el caso aún está en la competencia de las superintendencias.
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