Adjudicaciones directas sin justificación, inexistencia de documentos que justifiquen las compras y ausencia de manuales de normas y procedimientos. Estas son algunas de las irregularidades administrativas que la Contraloría General de la República detectó en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
En el informe anual que la semana pasada entregó el contralor Clodosbaldo Russián a la Asamblea Nacional se advierte que durante los años 2004 y 2005 el IVSS adquirió a empresas extranjeras insumos para el tratamiento de la hemodiálisis por un monto de 109 millones de dólares sin licitación, alegando una emergencia.
No obstante, luego de observar que entre 2004 y 2005 los directivos del Seguro Social aprobaron tres resoluciones (10-08-2004, 06-01-2005 y 04-08-2005) para comprar kits de diálisis, la Contraloría afirmó que "no existe emergencia comprobada, debido a que transcurrieron siete meses y 14 días después de haberse solicitado la compra de medicamentos para pacientes con insuficiencia renal por la vía de emergencia, tomando como base la fecha de emisión de la orden de compra inicial de fecha 4 de agosto de 2004, con respecto a la fecha de la primera transferencia de recursos financieros por parte del IVSS, en consecuencia debió procederse a la selección del proveedor por licitación general y no por adjudicación directa".
En su reporte, Russián también denunció que las demoras en cancelar algunos kits implicaron erogaciones por 13,7 millones de bolívares fuertes adicionales, es decir 19,48% más de lo previsto originalmente.
Asimismo advirtió que en varias de esas adquisiciones no se les exigió a las empresas contratistas una fianza de fiel cumplimiento.
La instancia encargada de velar por el buen manejo de los fondos públicos también revisó los resultados obtenidos por el plan puesto en marcha en 2004 y el cual pretendía incorporar a 190 mil pensionados adicionales.
El despacho de Russián se encontró que fueron ingresados 200.213 nuevos jubilados, luego de extender el lapso de la iniciativa. Sin embargo, no se tomaron previsiones para evitar los incrementos por concepto de gastos de personal que afrontó.
Originalmente tenía previsto cancelar 538 mil bolívares fuertes, pero terminó pagando 676 mil, lo cual, según se lee en el informe, "obedece a una falta de control del citado plan".
Clínicas al banquillo La Contraloría también puso la lupa sobre el programa de Red de Clínicas Populares de Barrio Adentro y tras revisar 83 órdenes de pago, por un monto de 5,6 millones de bolívares fuertes, emitidas en 2004, observó que 68 iban destinadas a cancelar compras sin licitación.
En el informe, Russián aseveró que nueve de esas órdenes de compras, por un monto de 364 mil bolívares fuertes, no tenían ningún soporte (facturas, etc.).
El contralor cuestionó además la ausencia de manuales de normas y procedimientos para las Clínicas Populares, pues "esta situación impide un control interno dirigido a salvaguardar los recursos, así como a promover la eficiencia".
Por último, cuestionó la manera como fueron contratados y luego despedidos 720 médicos, enfermeras y obreros para la clínica de El Paraíso.
No obstante, luego de observar que entre 2004 y 2005 los directivos del Seguro Social aprobaron tres resoluciones (10-08-2004, 06-01-2005 y 04-08-2005) para comprar kits de diálisis, la Contraloría afirmó que "no existe emergencia comprobada, debido a que transcurrieron siete meses y 14 días después de haberse solicitado la compra de medicamentos para pacientes con insuficiencia renal por la vía de emergencia, tomando como base la fecha de emisión de la orden de compra inicial de fecha 4 de agosto de 2004, con respecto a la fecha de la primera transferencia de recursos financieros por parte del IVSS, en consecuencia debió procederse a la selección del proveedor por licitación general y no por adjudicación directa".
En su reporte, Russián también denunció que las demoras en cancelar algunos kits implicaron erogaciones por 13,7 millones de bolívares fuertes adicionales, es decir 19,48% más de lo previsto originalmente.
Asimismo advirtió que en varias de esas adquisiciones no se les exigió a las empresas contratistas una fianza de fiel cumplimiento.
La instancia encargada de velar por el buen manejo de los fondos públicos también revisó los resultados obtenidos por el plan puesto en marcha en 2004 y el cual pretendía incorporar a 190 mil pensionados adicionales.
El despacho de Russián se encontró que fueron ingresados 200.213 nuevos jubilados, luego de extender el lapso de la iniciativa. Sin embargo, no se tomaron previsiones para evitar los incrementos por concepto de gastos de personal que afrontó.
Originalmente tenía previsto cancelar 538 mil bolívares fuertes, pero terminó pagando 676 mil, lo cual, según se lee en el informe, "obedece a una falta de control del citado plan".
Clínicas al banquillo La Contraloría también puso la lupa sobre el programa de Red de Clínicas Populares de Barrio Adentro y tras revisar 83 órdenes de pago, por un monto de 5,6 millones de bolívares fuertes, emitidas en 2004, observó que 68 iban destinadas a cancelar compras sin licitación.
En el informe, Russián aseveró que nueve de esas órdenes de compras, por un monto de 364 mil bolívares fuertes, no tenían ningún soporte (facturas, etc.).
El contralor cuestionó además la ausencia de manuales de normas y procedimientos para las Clínicas Populares, pues "esta situación impide un control interno dirigido a salvaguardar los recursos, así como a promover la eficiencia".
Por último, cuestionó la manera como fueron contratados y luego despedidos 720 médicos, enfermeras y obreros para la clínica de El Paraíso.
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