El proceso para resolver los casos de españoles residentes en Venezuela afectados por la ocupación de sus tierras está avanzando, indicaron ayer fuentes consulares españolas y fuentes del Ministerio venezolano de Exteriores.
El cónsul general de España en Venezuela, Aníbal Jiménez, señaló que se han celebrado el lunes y ayer dos reuniones con ciudadanos cuyas tierras han sido invadidas, precisando que se estudiaron unos 30 casos en la reunión del lunes, celebrada en la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Caracas, y que hubo otro encuentro ayer en el que se examinaron de forma más detallada otros 25 expedientes.
El cónsul, que participó en ambas reuniones, apuntó que se aprecia por parte del Gobierno venezolano un "esfuerzo" para "desbloquear" la situación y avanzar en el proceso para resolver los más de 70 casos relativos a la ocupación de tierras de españoles o venezolanos de origen español afectados.
Señaló el "trato excepcional" dado a este proceso que se inscribe en el "buen clima" de las relaciones entre ambos países. Asimismo, indicó que la Embajada española en Caracas ha contratado un bufete de abogados para ofrecer asistencia jurídica a los afectados.
Por su parte, la Cancillería venezolana corroboró que el presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, junto a un equipo jurídico-técnico y una representación del ministerio, "atendió a los ciudadanos de origen español que revisan la situación de sus propiedades con ese organismo".
En la jornada, se instalaron cuatro estaciones de trabajo en la áreas de contrato, registro agrario, apoderados judiciales y cadena de titularidad, para que "los propietarios aclaren las dudas que surjan en el proceso de conversaciones con las autoridades nacionales", matizó.
El INTI precisa que recibió 110 casos en este proceso, de los que 60 ya han sido solucionados, 16 están en proceso y 34, entre los que se incluyen los 30 actuales, han sido citados para determinar su "estatus", en esta situación que se origina en la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001.
Chávez declaró en enero de 2004 la "guerra a muerte contra el latifundio", y exigió a los gobernadores y alcaldes del país identificar los terrenos ociosos para recuperarlos, entregarlos a campesinos pobres y ponerlos a producir.
El Gobierno ha pagado indemnizaciones a la mayoría de los afectados, aunque las intervenciones han sido rechazadas por los gremios empresarial y ganadero que han calificado la medida de "ilegal e inconstitucional".
La Constitución Bolivariana garantiza el derecho a la propiedad y ampara las figuras de intervención y expropiación "por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización".
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