Sigue perdiendo su ‘money’ con el nuevo ‘Mr. Danger’ en la Casa Blanca. Le echó un RIP con carcajada a la quiebra de Lehman Brothers y le saca los colores y las vergüenzas de Madoff al sistema financiero estadounidense. Pero los caminos del bolivarianismo son insondables: el mismísimo Fondo Nacional de Desarrollo se dejó 300 millones de dólares en Lehmann; Pdvsa vio evaporarse alguna inversión en la pirámide de Madoff. Y ahora el orgullo de la revolución se ha dado, de bruces, en los muros de la fuga de Robert Allen Stanford. Dos días después de que Caracas cantara las alabanzas de su división local, el Stanford en Venezuela está ya en manos de Hugo Chávez con el cartel de venta y -juran en Miraflores- más de un comprador haciendo cola. El ‘nuevo Madoff’ y su estafa llueven sobre mojado en las limitaciones del control de cambios como vacuna. Pero el magnate texano le ha puesto a tiro al presidente venezolano mucho más que la obligación de defender a sus 15.000 clientes y los casi 3.000 millones de dólares de inversión venezolana: un paraguas para los militares, políticos y altos funcionarios que habían confiado sus bolívares a Stanford; el atajo a algunas cuentas de opositores que el Gobierno rastrea desde hace semanas. El escarmiento para el retorno de capitales y la excusa para darle otra vuelta de tuerca a su ‘laberinto bancario’.
Jura el ministro Ali Rodríguez que es sólo el 0,2 por ciento de las captaciones de la banca en el país lo que ha pasado del Stanford Bank a manos del Estado venezolano, pero es mucho más. Las lecciones de la ingeniería financiera de Chávez se han pillado los dedos en Lehman Brothers, Madoff y ahora Stanford. El rastro de su desaparición golpea a miles de clientes del banco en México, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador, pero nada como en Venezuela, de donde procedía hasta un 40% del dinero colocado por el Standford Bank Internacional. Aunque el ministro Alí Rodríguez insista en que el Stanford Bank Venezuela sólo contaba con 15 sucursales en el país y en separar sus destinos de los de la matriz del SBI en Antigua, Venezuela era su Eldorado en a región.
Al menos 2.390 millones de los depósitos corresponderían a clientes personales y corporativos de Venezuela, entre quienes se encuentran altos funcionarios públicos, políticos y militares, que se dejaron encantar por certificados de depósito que en Venezuela ofrecían un retorno del 4,5% anual y rendimientos de hasta el 10% para certificados de cinco años o más. Y por las mañas de un magnate que acudía a las citas a Caracas respaldado por el aval de los que -como recuerda ahora el Miami Herald- fueron sus asesores personales como Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Adolf Ogi, ex presidente de Suiza y Luis Giusti, ex presidente de la oficial petrolera venezolana PDVSA.
No son sólo los reintegros de casi 3.000 millones de dólares de inversores locales, ni el miedo de 15.000 clientes de la filial venezolana los que han avalanzado al Palacio de Miraflores sobre lo que, en los dos primeros días era -en palabras de Sudebán- “un banco pequeño, sano, que cumple con todos los indicadores exigidos (solvencia, liquidez, etc.) y con las leyes venezolanas y las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos”. Una entidad de cuyos apellidos criollos se vanagloriaban Sudeban y el Palacio de Miraflores: SBV no tenía relación operativa ni técnica con cualquiera otra sucursal del SBI en otros países, sucursales en el exterior ni depósitos en divisas: todos eran en bolívares. Una institución cuyos activos consistían en préstamos a clientes venezolanos y cuenta con una cartera de títulos valores de empresas nacionales.
Por eso no sólo son las denuncias de la Comisión de Valores de EEUU (SEC) de haber vendido fraudulentamente 8.000 millones de dólares en certificados de depósitos las que han llevado a Caracas a prender una mecha que arde ya en todas las sucursales de continente y que Ecuador ha seguido al pie de la letra, con la expropiación. La mayoría de los depositantes del banco eran clase A y B y sus movimientos se hacían por Internet. Sólo el pasado martes, en la división venezolana del Stanford International Bank, perteneciente al banquero estadounidense Allen Stanford, acusado de fraude en Estados Unidos, se registraron reintegros por 57 millones de bolívares (26,5 millones de dólares). Pero no son los depósitos de la estafa, sino los activos del banco lo que amasa ahora Hugo Chávez.
PRESIÓN BANCARIA
Demiurgo de sí mismo, atrapado en su propia telaraña, rehén de la criatura que engendró y trató de exportar a los discípulos, Hugo Chávez chapotea buscando la puerta trasera para escapar del petroreino de sus anhelos bolivarianos. La necesidad manda, a la vista de que ha terminado por cocinar una receta, la del “capitalismo de Estado”, cada vez más difícil de digerir. En la cola de los damnificados, el gobierno venezolano se pilla mucho más que la lengua: el triple cordón umbilical con Washington apaga sus himnos: el de la dependencia del crudo con su principal comprador, el de la exposición financiera y el de los grilletes del dólar paralelo. El ‘escarmiento’ de Stanford es la puerta a otra vuelta de tuerca para el tejido bancario, que estudia Miraflores desde antes del referéndum. Chávez exprime entretanto a la banca sana. Lo hace con nuevas tasas bancarias, lo somete a la sombra del nuevo 'corralito' que descuentan los analistas y se consuela con su recién nacido banco ruso-venezolano No le salen las cuentas. Hasta tal punto que en sus asesores estudian ya una propuesta para la subida del IVA en 15 sectores y nuevos tributos como el impuesto al débito bancario.
Chávez ejerce con las presiones lo que no puede con el regateo. Cobra cara la tocata y fuga de los inversores por la puerta de las minusvalías. Y no se resiste a estrechar el horizonte de los que se quedan: pagarán, si se descuidan, las nacionalizaciones de los demás, los agujeros negros de Pdvsa y la cuadratura de las cuentas imposibles con el crudo por debajo de los 40 dólares. La venta obligatoria de las notas estructuradas, la supervisión y restricción de los créditos, la presión de las denuncias del Indecu, la nueva regulación de las tarjetas y la avalancha de leyes habilitantes, le marcan al Banco de Venezuela y sus compañeros del sector los límites de un jardín en el que sus paseos cada vez le salen más caros. De momento, en el caso de los servicios sin fines de lucro y organizaciones como Mercal, Pdval y similares, la banca ya está obligada a hacer sus operaciones de forma gratuita. Han tenido que operar en un entorno cada vez más regulado: 47 de cada 100 bolívares que se dirigen al crédito deben ir a tasas de interés preferenciales, a sectores considerados estratégicos: agro, turismo, microempresas, vivienda y empresas manufactureras. Ya desde el segundo semestre de 2008, las entidades bancarias actúan con cautela en la emisión de plástico y en el otorgamiento de créditos y se espera una mayor reserva para las líneas crediticias en todo el 2009, no sólo porque la economía que se desacelera con fuerza, también porque se está incrementando la fiscalización de entes como Sudeban y Cadivi sobre un laberinto demarcado por el elevado perfil de riesgo de las tarjetas de crédito, la incapacidad de los bancos para crecer debido al limitado capital que poseen y el alto nivel de intereses de las tasas activas.
Jura el ministro Ali Rodríguez que es sólo el 0,2 por ciento de las captaciones de la banca en el país lo que ha pasado del Stanford Bank a manos del Estado venezolano, pero es mucho más. Las lecciones de la ingeniería financiera de Chávez se han pillado los dedos en Lehman Brothers, Madoff y ahora Stanford. El rastro de su desaparición golpea a miles de clientes del banco en México, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador, pero nada como en Venezuela, de donde procedía hasta un 40% del dinero colocado por el Standford Bank Internacional. Aunque el ministro Alí Rodríguez insista en que el Stanford Bank Venezuela sólo contaba con 15 sucursales en el país y en separar sus destinos de los de la matriz del SBI en Antigua, Venezuela era su Eldorado en a región.
Al menos 2.390 millones de los depósitos corresponderían a clientes personales y corporativos de Venezuela, entre quienes se encuentran altos funcionarios públicos, políticos y militares, que se dejaron encantar por certificados de depósito que en Venezuela ofrecían un retorno del 4,5% anual y rendimientos de hasta el 10% para certificados de cinco años o más. Y por las mañas de un magnate que acudía a las citas a Caracas respaldado por el aval de los que -como recuerda ahora el Miami Herald- fueron sus asesores personales como Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Adolf Ogi, ex presidente de Suiza y Luis Giusti, ex presidente de la oficial petrolera venezolana PDVSA.
No son sólo los reintegros de casi 3.000 millones de dólares de inversores locales, ni el miedo de 15.000 clientes de la filial venezolana los que han avalanzado al Palacio de Miraflores sobre lo que, en los dos primeros días era -en palabras de Sudebán- “un banco pequeño, sano, que cumple con todos los indicadores exigidos (solvencia, liquidez, etc.) y con las leyes venezolanas y las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos”. Una entidad de cuyos apellidos criollos se vanagloriaban Sudeban y el Palacio de Miraflores: SBV no tenía relación operativa ni técnica con cualquiera otra sucursal del SBI en otros países, sucursales en el exterior ni depósitos en divisas: todos eran en bolívares. Una institución cuyos activos consistían en préstamos a clientes venezolanos y cuenta con una cartera de títulos valores de empresas nacionales.
Por eso no sólo son las denuncias de la Comisión de Valores de EEUU (SEC) de haber vendido fraudulentamente 8.000 millones de dólares en certificados de depósitos las que han llevado a Caracas a prender una mecha que arde ya en todas las sucursales de continente y que Ecuador ha seguido al pie de la letra, con la expropiación. La mayoría de los depositantes del banco eran clase A y B y sus movimientos se hacían por Internet. Sólo el pasado martes, en la división venezolana del Stanford International Bank, perteneciente al banquero estadounidense Allen Stanford, acusado de fraude en Estados Unidos, se registraron reintegros por 57 millones de bolívares (26,5 millones de dólares). Pero no son los depósitos de la estafa, sino los activos del banco lo que amasa ahora Hugo Chávez.
PRESIÓN BANCARIA
Demiurgo de sí mismo, atrapado en su propia telaraña, rehén de la criatura que engendró y trató de exportar a los discípulos, Hugo Chávez chapotea buscando la puerta trasera para escapar del petroreino de sus anhelos bolivarianos. La necesidad manda, a la vista de que ha terminado por cocinar una receta, la del “capitalismo de Estado”, cada vez más difícil de digerir. En la cola de los damnificados, el gobierno venezolano se pilla mucho más que la lengua: el triple cordón umbilical con Washington apaga sus himnos: el de la dependencia del crudo con su principal comprador, el de la exposición financiera y el de los grilletes del dólar paralelo. El ‘escarmiento’ de Stanford es la puerta a otra vuelta de tuerca para el tejido bancario, que estudia Miraflores desde antes del referéndum. Chávez exprime entretanto a la banca sana. Lo hace con nuevas tasas bancarias, lo somete a la sombra del nuevo 'corralito' que descuentan los analistas y se consuela con su recién nacido banco ruso-venezolano No le salen las cuentas. Hasta tal punto que en sus asesores estudian ya una propuesta para la subida del IVA en 15 sectores y nuevos tributos como el impuesto al débito bancario.
Chávez ejerce con las presiones lo que no puede con el regateo. Cobra cara la tocata y fuga de los inversores por la puerta de las minusvalías. Y no se resiste a estrechar el horizonte de los que se quedan: pagarán, si se descuidan, las nacionalizaciones de los demás, los agujeros negros de Pdvsa y la cuadratura de las cuentas imposibles con el crudo por debajo de los 40 dólares. La venta obligatoria de las notas estructuradas, la supervisión y restricción de los créditos, la presión de las denuncias del Indecu, la nueva regulación de las tarjetas y la avalancha de leyes habilitantes, le marcan al Banco de Venezuela y sus compañeros del sector los límites de un jardín en el que sus paseos cada vez le salen más caros. De momento, en el caso de los servicios sin fines de lucro y organizaciones como Mercal, Pdval y similares, la banca ya está obligada a hacer sus operaciones de forma gratuita. Han tenido que operar en un entorno cada vez más regulado: 47 de cada 100 bolívares que se dirigen al crédito deben ir a tasas de interés preferenciales, a sectores considerados estratégicos: agro, turismo, microempresas, vivienda y empresas manufactureras. Ya desde el segundo semestre de 2008, las entidades bancarias actúan con cautela en la emisión de plástico y en el otorgamiento de créditos y se espera una mayor reserva para las líneas crediticias en todo el 2009, no sólo porque la economía que se desacelera con fuerza, también porque se está incrementando la fiscalización de entes como Sudeban y Cadivi sobre un laberinto demarcado por el elevado perfil de riesgo de las tarjetas de crédito, la incapacidad de los bancos para crecer debido al limitado capital que poseen y el alto nivel de intereses de las tasas activas.
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