Un total de 28.489 personas afectadas y 2.339 viviendas dañadas por inundaciones y fallas en las estructuras a consecuencias de derrumbes, fue el saldo resultante en todo el territorio nacional tras una semana de intensos aguaceros en la zona norte, costera y central del país, originados por el coletazo del huracán Omar, según las estadísticas dadas a conocer por el director Nacional de Protección Civil (PC), Luis Díaz Curbelo.
La cifra de víctimas fatales oficiales según los cuerpos de rescate se ubican en seis, de las cuales cinco murieron ahogados al ser arrastrados por afluentes (tres en Guárico y dos en Táchira) y una al quedar tapiada dentro de su casa en el municipio El Hatillo del estado Miranda. No obstante, de forma extraoficial, trascendió que otras dos personas habrían fallecido. Se trata de un caso registrado el pasado martes en el oeste de Carúpano, en una quebrada del sector Guayacán de La Auyama, en donde una niña de 12 años pereció sepultada por un derrumbe. En Falcón se conoció del deceso de un hombre por la descarga eléctrica de una centella.
El saldo trágico ya descrito forma parte de la situación de “vulnerabilidad” latente del país, ante la presencia de lluvias, inundaciones y sismos, opina el especialista, Angel Rangel, quien estuviera al frente de la dirección de Protección Civil durante la vaguada del año 1999, la cual devastó el estado Vargas.
En su opinión, nada o muy poco se ha hecho desde el Gobierno y la ciudadanía para evitar que las precipitaciones incidan de forma negativa sobre los 27 millones de venezolanos. La “ineficiencia del Estado” en dar respuesta a la gran masa -dice- ha promovido la proliferación de casas en zonas de alto riesgo.
“El problema está vinculado a la ausencia de una acción del Gobierno que ordene el territorio con criterios de gestión de riesgo. A pesar de la experiencia que tuvimos en Vargas, como país, no hemos aprendido. En 1999 la tragedia se dio como consecuencia de un fenómeno muy intenso de precipitaciones, pero que se combinó con esa condición de riesgo que construimos los propios venezolanos, con la anuencia de las gobernaciones y alcaldías que permitieron que se edificara de manera irresponsable en áreas de inundación, y que por supuesto se modificara el cauce de los ríos. Y digo que no aprendimos porque el reordenamiento del territorio venezolano a partir de esa fecha no ha variado. Aún cuando recientemente se logró la Ley de Gestión de Riesgo, la gestión pública de hoy no ha hecho absolutamente nada o muy poco en término de la prevención y de la mitigación. Desde el punto de vista de prevención, es simplemente a que las autoridades legislen y ordenen desde el municipio, la gobernación y a nivel nacional para que eviten que se construyan instalaciones, viviendas y estructuras en áreas de alto riesgo”, explica.
La mayoría vive en zonas riesgosas Rangel, teniente coronel de los Bomberos Metropolitanos, con 28 años de experiencia en ese cuerpo, alerta sobre una situación que es conocida por las actuales autoridades: el 85% de la población vive en zonas vulnerables por la incidencia de sismos, tormentas e inundaciones.
Dice que la situación de alarma no es sólo ante el período de lluvias, sino también ante la presencia de terremotos en el país. Aclara que en el territorio nacional se da un promedio de 55 eventos sísmicos, de los cuales dos o tres ocurren diariamente. Teme que de ocurrir un terremoto de intensidad moderada, las estructuras endebles construidas en los cerros de Caracas desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos.
“La zona oriente, centro-norte y occidente del país, en la cual habita el 85% de la población es de alta sismicidad, porque está atravesada por tres fallas: la de Oriente, la falla de la Placa del Caribe y la de Occidente. La preocupación es que en los estados Sucre, Anzoátegui, Carabobo, Vargas Yaracuy, Falcón, Táchira, Mérida, Zulia, Área Metropolitana y Miranda habita la mayor cantidad de personas y las edificaciones no se construyen tomando en cuenta esta situación. Si ocurriera un sismo de 5, 6 ó 7 intensidad los efectos serían devastadores en esos lugares y sobre todo en esos cerros de Caracas”.
Sin ánimo de ser pesimista sino de más bien llamar la atención del Gobierno, Rangel advierte que el peligro es inminente si no se toman precauciones ahora mismo: “En cualquier momento vamos a tener grandes deslizamiento porque hay una gran saturación de los suelos. En los últimos años no se han construido nuevos drenajes, no obstante, sí ha aumentado la población en lugares no aptos. Numerosas familias pobres viven en casas sin criterios de ingeniería y con sistemas de tuberías mal conectados, que lo único que hacen es saturar los suelos y debilitar los terrenos”.
Actuar antes de que ocurra una tragedia En opinión del perito, invertir en el tema de la prevención es la clave para evitar los saldos trágicos. Considera que desde Protección Civil y los cuerpos de rescate se ha hecho el trabajo de alertar sobre la situación de inestabilidad como en sectores populares del Área Metropolitana, no obstante, ha faltado la “mano del Estado” para evacuar y evitar la repoblación en los lugares declarados como inhabitables.
Recomienda retomar el mapa de riesgo que existe en el país, y actualizar el censo de zonas vulnerables, para que a partir de esta infamación -que ya existe y está en universidades y en poder de las instancias del Estado-, los actores políticos planifiquen y ordenen el territorio nacional.
Incentivar la cultura preventiva es una tarea que -dice- debe convertirse en una política de Estado. Los ciudadanos -en su opinión- deben entender que evitar los efectos negativos de los eventos naturales, empieza por tomar conciencia de que debemos mantener las quebradas limpias, no obstruir el paso de ríos o quebradas o mantener los drenajes despejados.
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