¿QUIÉN AUTORIZA LAS ARMAS DE LA REVOLUCIÓN?

ROCIO SAN MIGUEL

Las salvajadas del Presidente no pueden ser avaladas por la Fuerza Armada Nacional. Ser comandante en jefe es una cosa. Acabar con la Fuerza Armada Nacional, otra. E insistir en que la revolución está armada y dispuesta a defenderse como lo ha hecho nuevamente en público, es un delito.

El Artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

Si la revolución está armada debe entregar las armas inmediatamente a la Fuerza Armada Nacional, o ésta exigírselas. Estamos ante el reconocimiento claro y diáfano de una violación a la Constitución.

El Presidente ha venido insistiendo en esta tesis, especialmente cuando se acercan los periodos de elecciones, con el objeto de intimidar y crear miedo en la población. Y no hay autoridad del Poder Público Nacional que le exija el respeto a la Constitución.

Lo interesante aquí es esclarecer dos puntos: O el partido del Presidente (PSUV) dispone de armas, por ser el instrumento político de la revolución. O refiere el Presidente a que las Fuerzas Armadas representan la revolución. Ambas premisas son peligrosas. Ambas inconstitucionales.

Sin embargo, parece estar refiriéndose a otro tipo de situación. A su ejército pretoriano. A su invento que ha denominado Milicia Nacional Bolivariana. Esa forma paramilitar que no se encuentra en la Constitución y ha venido a denominar complemento de la Fuerza Armada Nacional en la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Lofanb). Esos nuevos combatiente, armados, que están de civiles o uniformados a conveniencia. Que hacen proselitismo político, participan en actos de propaganda y militancia política. Esos que han sido autorizados por el Presidente a través de la Lofanb para que hagan ilegalmente inteligencia social en los consejos comunales, en la administración pública o en organismos e instituciones privadas, como expresamente aparece señalado en la referida Ley.

Cualquiera de las hipótesis en las que se apoya el Presidente para señalar que la revolución está armada, es una clara afrenta a la Fuerza Armada Nacional, pues es a esta institución militar del Estado, la que corresponde autorizar y controlar la posesión y adquisición de dichas armas. ¿O es que acaso cuenta la revolución con permiso de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (Darfa) y no lo sabemos? En todo caso, pensemos por un momento en el disparate de señalar por parte de cualquier partido distinto al de la revolución, que la democracia está armada y dispuesta a defenderse. Eso es lo que ha estado diciendo el Presidente respecto a la revolución en los últimos tiempos sin que haya autoridad en este país que se lo impida. Eso constituye -con todas sus letras- el germen incipiente de una guerra civil en cualquier país.