La Constitución venezolana recoge aquella máxima del periodismo que consagra que “la opinión es libre”. En su artículo 57 reza que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
Todo eso podría cambiar en Valencia -la tercera ciudad en importancia de Venezuela y considerada la capital industrial del país- donde el Cabildo Municipal podría declarar no gratas las opiniones ofensivas contra el gobierno de algunos articulistas de prensa.
“El articulista de cualquier medio de comunicación, aún cuando esté relacionado al gobierno, que haga señalamientos descalificativos en contra del presidente u organismos vinculados con la revolución, será objeto de un acuerdo en donde será declarado persona non grata, con nombre y apellido, por el Concejo Municipal”, reza la nota oficial de prensa del Cabildo de Valencia en la que se resume la sesión del jueves 6 de noviembre.
“No hay tal acuerdo”
Pese a la existencia del comunicado oficial, el proponente de la idea y el presidente del cabildo valenciano, concejal Osvaldo Di Lorenzo, aseguró a BBC Mundo que “no hubo tal acuerdo”, sino “una conversación entre concejales”.
“No vamos a confundir advertencia con amenaza, pero cualquier persona de éstas podría ser considerada no grata para la colectividad si expresamente le estamos diciendo públicamente que no continúe con este tipo de cosas”, dijo Di Lorenzo a BBC Mundo.
Al preguntársele si no corresponde a los tribunales la resolución de cualquier ofensa que pueda producirse en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión Di Lorenzo sólo dijo: “puede ser”
“Yo soy eminente amigo y defensor de la libertad de expresión. Yo no la tengo tomada contra los periodistas. Yo voy fundamentalmente enfocando a los articulistas”, sentenció Di Lorenzo al negar que haya intención de controlar lo que se publica o se discute.
Idea anti-democrática
“A nuestro juicio es inconstitucional, ilegal y antidemocrática la pretendida intención manifestada de la forma sectaria y excluyente por el funcionario (Di Lorenzo) de un organismo que debería representar la pluralidad ciudadana”, dijo a BBC Mundo, Ángel Perozo, secretario del CNP-Carabobo.
“En todas las profesiones hay personas que no toman en cuenta el código de ética, hay profesionales que por ese corazoncito (opiniones personales) caemos en conductas que otras personas pueden percibir no cónsonos con este código”, reconoció Perozo.
El juego de las percepciones hace que lo que puede constituir un descalificativo o una ofensa para algunos, para otros pueda ser un análisis pertinente, una genial ocurrencia y hasta un buen chiste.
El problema de fondo es cómo se va a determinar qué constituye una ofensa a las instituciones, sin que haya un tribunal considerando el caso.
El concejal Di Lorenzo reconoció que es difícil determinar qué es un “descalificativo” más allá de los que puedan ser evidentes, y defendió su propia libertad de expresión.
“¿Por qué tienen que sentirse tan ofendidos y tan molestos con esta iniciativa si esta es una expresión mía? ¿O es que la libertad de expresión es un coto cerrado para un grupo y para otros no?”, se preguntó Di Lorenzo
Pero lo que será aún más complicado será aplicar una eventual declaración de persona no grata a un articulista en la ciudad de Valencia.
Según las convenciones diplomáticas, cuando un funcionario extranjero es declarado “no grato” es expulsado del país. Aunque no necesariamente la pena que tiene en mente el Cabildo de Valencia sea la de sacar de la ciudad a estos “ofensores de las instituciones”.
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