La organización Human Rigths Foundation criticó la "inacción" de José Miguel Insulza ante la "flagrante" violación de los elementos esenciales de la democracia y los Derechos Humanos en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El Nacional
La Human Rights Foundation exigió por segunda vez a la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Democrática Interamericana en países del continente como Venezuela, Bolivia y Ecuador en los que consideran, se cometen las violaciones "más flagrantes" de los elementos esenciales de la democracia y se atenta permanentemente contra los derechos humanos. En una carta hecha pública este miércoles, la organización criticó la "inacción" del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ante lo que consideran como una estrategia repetida en los países antes referidos: el quebrantamiento de la instituciones "con el propósito de permitir al poder ejecutivo ejercer control sobre el poder judicial".
En el caso venezolano, la organización se refiere específicamente a la aprobación por mayoría simple en la Asamblea Nacional de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (2004) que aumentó el número de los magistrados de 20 a 32 y mediante la cual quedó sujeto tanto su nombramiento como su destitución a la aprobación por simple mayoría de los votos de la Asamblea Nacional.
Denuncian que desde ese año, la máxima instancia tribunalicia del país, "luego de que Chávez destituyó a todos los magistrados independientes y nombró magistrados acólitos del presidente" ha avalado "escandalosas" decisiones del jefe de Estado, tales como la finalización de la concesión de Radio Caracas Televisión, el visto bueno a las leyes habilitantes que pretenden implementar artículos rechazados en el referéndum sobre la reforma constitucional y la inhabilitación de los candidatos opositores para los próximos comicios regionales.
El organismo apolítico defensor de los derechos humanos, cuyo consejo internacional está constituido por por individuos que fueron presos de conciencia (como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Armando Valladares, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry) denunció situaciones similares a la planteada en Venezuela en Bolivia (cuyo tribunal de mayor jerarquía no puede funcionar por una crisis que empezó con la reducción de salarios) y en Ecuador, donde el órgano electoral emitió una resolución que suspendió a suspendió a 57 de los 100 diputados del Tribunal Constitucional.
"El Congreso, ahora controlado por el partido del presidente Correa, decidió destituir a los nueve magistrados del Tribunal Constitucional que se habían opuesto a la suspensión de los parlamentarios. Una semana después, el Congreso designó a los nuevos magistrados", indican.
Advirtieron que continuarán redactando documentos sobre la violación de derechos fundamentales, como la libertad sindical, en estos países.
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