Tribunal aseguró cinco compañías, dos casas y cuentas bancarias. Tratan de evitar que queden insolventes y no puedan resarcir los daños al patrimonio público.
El Nacional
En la audiencia de hoy se espera un nuevo careo entre la defensa de Durán y Kauffman AP. La empresa Perforaciones Albornoz C. A. (Perfoalca), propiedad de Carlos Kauffman y Franklin Durán, sindicados en Estados Unidos de actuar como agentes del Gobierno venezolano para ocultar el escándalo del maletín con los 800.000 dólares, ha sido contratada 30 veces por Pdvsa para actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo, como la operación de taladros de perforación y de rehabilitación.
La empresa, situada en el municipio San José de Guanipa, estado Anzoátegui, tiene 350 empleados y fue registrada el 15 de agosto de 2008 en el Servicio Nacional de Contratistas con el número de certificado 1001044304274505. Su presidente es Miguel Antonio Albornoz Rodríguez, que posee 50% de las acciones. La otra mitad pertenece a Inversora y Comercializadora 2516, cuyos representantes legales son Kauffman y Durán.
Perfoalca fue demandada en junio de 2007 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.
La empresa Servicio Técnico de Equipos Pesados C. A. exigía el pago, por vía intimatoria, de 568.752,03 bolívares fuertes que Perfoalca mantenía por concepto de capital adeudado, y otros 53.079,40 bolívares fuertes por intereses moratorios. Por demanda de cobro, el tribunal anzoatiguense decretó medida privativa de embargo contra Perfoalca, que se suspendió cuando ambas partes acordaron que la deuda se cancelaría en dos partes.
Otras cuatro.
Perfoalca es una de las cinco empresas sobre las cuales pesa medida de aseguramiento de bienes e incautación, así como prohibición de enajenar y gravar, dictada por la jueza 18
ade Control, Anny Marchese, el 8 de octubre pasado.
En el oficio 1057-08, dirigido al Consejo Bancario Nacional, se identifican: Venoco, Llano Petrol y sus 150 estaciones de servicio, Unicambio (que tiene oficinas en Plaza Venezuela y en el CCCT), Inversora Comercializadora 2516 (propietaria de 50% de Perfoalca) y Klim Petro Inversiones (dedicada a servicios de perforación y operación de taladros para la actividad petrolera).
Además, las mismas medidas pesan sobre la casa Nª 1205, situada en la avenida El Samán, del Country Club, en Chacao, y sobre las cuentas corrientes 000600017210170001522, del Banco de Coro; 01144050341505001687 del Banco del Caribe; y 0102050931000000188, del Banco de Venezuela.
Marchese invocó las disposiciones de la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que le permiten tomar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el resarcimiento de daños al patrimonio público. El objetivo es que los investigados por el caso de los 800.000 dólares no queden insolventes y paguen las sanciones pecuniarias que les serían aplicadas.
La jueza tiene claro que se debe resguardar la operatividad de las empresas aseguradas y los intereses de sus trabajadores. Fuentes del Ministerio Público explicaron que se designarán administradores ad hoc para cada una de las compañías afectadas. Se supone que la influencia de los administradores ad hoc en la marcha de las empresas aseguradas variará de acuerdo con la participación accionaria que en cada una de ellas tengan los involucrados en el caso del maletín.
A través del oficio 1061-08, también emitido el 8 de octubre, la jueza Marchese pidió al Consejo Bancario Nacional asegurar las cuentas que pudiera tener Franklin Durán.
La empresa Servicio Técnico de Equipos Pesados C. A. exigía el pago, por vía intimatoria, de 568.752,03 bolívares fuertes que Perfoalca mantenía por concepto de capital adeudado, y otros 53.079,40 bolívares fuertes por intereses moratorios. Por demanda de cobro, el tribunal anzoatiguense decretó medida privativa de embargo contra Perfoalca, que se suspendió cuando ambas partes acordaron que la deuda se cancelaría en dos partes.
Otras cuatro.
Perfoalca es una de las cinco empresas sobre las cuales pesa medida de aseguramiento de bienes e incautación, así como prohibición de enajenar y gravar, dictada por la jueza 18
ade Control, Anny Marchese, el 8 de octubre pasado.
En el oficio 1057-08, dirigido al Consejo Bancario Nacional, se identifican: Venoco, Llano Petrol y sus 150 estaciones de servicio, Unicambio (que tiene oficinas en Plaza Venezuela y en el CCCT), Inversora Comercializadora 2516 (propietaria de 50% de Perfoalca) y Klim Petro Inversiones (dedicada a servicios de perforación y operación de taladros para la actividad petrolera).
Además, las mismas medidas pesan sobre la casa Nª 1205, situada en la avenida El Samán, del Country Club, en Chacao, y sobre las cuentas corrientes 000600017210170001522, del Banco de Coro; 01144050341505001687 del Banco del Caribe; y 0102050931000000188, del Banco de Venezuela.
Marchese invocó las disposiciones de la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que le permiten tomar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el resarcimiento de daños al patrimonio público. El objetivo es que los investigados por el caso de los 800.000 dólares no queden insolventes y paguen las sanciones pecuniarias que les serían aplicadas.
La jueza tiene claro que se debe resguardar la operatividad de las empresas aseguradas y los intereses de sus trabajadores. Fuentes del Ministerio Público explicaron que se designarán administradores ad hoc para cada una de las compañías afectadas. Se supone que la influencia de los administradores ad hoc en la marcha de las empresas aseguradas variará de acuerdo con la participación accionaria que en cada una de ellas tengan los involucrados en el caso del maletín.
A través del oficio 1061-08, también emitido el 8 de octubre, la jueza Marchese pidió al Consejo Bancario Nacional asegurar las cuentas que pudiera tener Franklin Durán.
Declara de nuevo Carlos Kauffman
Dos horas de revisión y estudio le tomó a la jueza Joan Lenard dictaminar a favor de la defensa de Franklin Durán en el sentido de incluir entre las instrucciones al jurado la posibilidad de que consideraran que Guido Antonini junto con el FBI indujeron al empresario venezolano a cometer un delito. Al escuchar la decisión, Durán lloró de la alegría, pues buena parte de la estrategia que han desarrollado se ha basado en esta premisa. La jueza hizo un amago de cerrar el libro que la ha acompañado durante las audiencias y preguntó si había otro asunto que abordar, esperando obtener una respuesta negativa. El representante de la Fiscalía se puso de pie y dijo que sí, que ellos querían traer otro asunto colación.
Sin demasiados preámbulos, requirió la presencia de Carlos Kauffman de nuevo en el estrado. Según explicó Thomas Mulvihill, el otro abogado acusador, la idea es mostrar que existe la predisposición de Durán a actuar como agente del Gobierno venezolano. Puso como ejemplo un caso de corrupción que ya había sido mencionado previamente en el que describen cómo compraron en $9 millones un edificio que valía $4,5 millones. La ganancia la repartieron entre cuatro altos funcionarios de ese mismo organismo, con la esperanza de que la operación luego rindiera sus frutos.
Y así fue. Según Mulvihill, Kauffman habría afirmado que gracias a ese movimiento pudieron luego obtener como recompensa $100 millones en compras de bonos de la deuda. La intención de la Fiscalía es sustentar las palabras de Kauffman: "Esta es la forma en que hacemos negocios en Venezuela" La jueza aceptó la moción, pero primero evaluará la pertinencia del testimonio de Kauffman haciendo una audiencia preliminar hoy, sin la presencia del jurado. Si ella decide que es conveniente el ex socio de Durán volvería al estrado el martes para ser repreguntado, de lo contrario, el martes comenzarían los alegatos finales. En Buenos Aires, el agente de la Aduana Jorge Lamastra informó que sí hubo aquella noche del 4 de agosto de 2007 más maletas que ingresaron sin control. Se aplazó la comparecencia de Antonini y su esposa, Jacqueline Regnault, en el tribunal que sigue el juicio por la demanda civil que introdujera Durán en contra de su ex socio.
Sin demasiados preámbulos, requirió la presencia de Carlos Kauffman de nuevo en el estrado. Según explicó Thomas Mulvihill, el otro abogado acusador, la idea es mostrar que existe la predisposición de Durán a actuar como agente del Gobierno venezolano. Puso como ejemplo un caso de corrupción que ya había sido mencionado previamente en el que describen cómo compraron en $9 millones un edificio que valía $4,5 millones. La ganancia la repartieron entre cuatro altos funcionarios de ese mismo organismo, con la esperanza de que la operación luego rindiera sus frutos.
Y así fue. Según Mulvihill, Kauffman habría afirmado que gracias a ese movimiento pudieron luego obtener como recompensa $100 millones en compras de bonos de la deuda. La intención de la Fiscalía es sustentar las palabras de Kauffman: "Esta es la forma en que hacemos negocios en Venezuela" La jueza aceptó la moción, pero primero evaluará la pertinencia del testimonio de Kauffman haciendo una audiencia preliminar hoy, sin la presencia del jurado. Si ella decide que es conveniente el ex socio de Durán volvería al estrado el martes para ser repreguntado, de lo contrario, el martes comenzarían los alegatos finales. En Buenos Aires, el agente de la Aduana Jorge Lamastra informó que sí hubo aquella noche del 4 de agosto de 2007 más maletas que ingresaron sin control. Se aplazó la comparecencia de Antonini y su esposa, Jacqueline Regnault, en el tribunal que sigue el juicio por la demanda civil que introdujera Durán en contra de su ex socio.
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